El intendente de la ciudad anunció recientemente, frente a la movilización de los vecinos de barrio Ituzaingo y zonas aledañas, que la empresa Inviron no radicará su planta de enterramiento a 800 metros de sus casas.
Lo que Daniel Giacomino no entiende es que el problena no es el lugar, sino la empresa y el método a utilizar.
El tratamiento de la basura encierra cinco nichos interesantes desde el punto de vista comercial: a) La utilización del gas metano para la obtención de electricidad; b) El compostaje derivado de los barros orgánicos; c) La separación de metales ferrosos; d) El reciclado de los residuos inorgánicos y finalmente, e) La obtención de bonos de carbono, según lo dispuesto por el Tratado de Kioto, Japón.
Inviron no cuenta con el dinero para la inversión, es decir el mismo no integra su capital. Por el contrario, recurrirá a un crédito internacional de 206 millones de dólares para poder desarrollar el proyecto; la garantía acaba por ser la adjudicación del tratamiento de residuos formulada de manera inconsulta por Crese.
En el mundo se estima que para que una planta de tratamiento de residuos como la propuesta sea rentable, se deben procesar de 2200 a 2500 toneladas por día; Córdoba se halla lejos de esa cifra ya que cuenta aproximadamente con 65 camiones que efectúan dos recorridos diarios, cada uno con una carga máxima de 10 toneladas, lo que arroja como resultado un total de 1300 toneladas diarias.
Cabe entonces preguntarse, ¿Si no se alcanza el mínimo previsto y no hay rentabilidad, quiénes y como se cubrirá dicho déficit?
Hay tres opciones: 1) Se crea una tasa que solventarán los vecinos; 2) Se subsidia desde el municipio y 3) Se emplean ambas alternativas.
El problema patrimonial acaba por ser siempre de los vecinos.
En el plano, más grave aún, de las consecuencias dañosas para las personas y su ecosistema, el diagnóstico es alarmante.
La figura del enterramiento cero es una gran falacia. La combustión de la basura procesada genera un residual de un 25 a un 30 % aproximadamente, en forma de ceniza, con una fuerte emisión de dioxinas y furanos.
Llama poderosamente la atención que esta empresa se haya visto beneficiada en ciudades donde el gobierno municipal tiene un marcado y declarado sesgo kirchnerista.
En Córdoba, Crese cuenta con las facultades estatutarias para llamar a licitación y adjudicar, sin participación ni control del Concejo Deliberante, un error que deberá modificarse con la urgencia que el tema amerita; pero el intendente en virtud de lo dispuesto en el artículo 28, inciso 2 de la Carta Orgánica Municipal, está facultado a crear órganos de control municipal y prever la realización de audiencias públicas.
El problema radica entonces no en cambiar el lugar, sino en detener la marcha inconsulta de un proyecto de tratamiento de residuos que compromete la salud y las finanzas de los vecinos de Córdoba para la próxima década.
Lo que Daniel Giacomino no entiende es que el problena no es el lugar, sino la empresa y el método a utilizar.
El tratamiento de la basura encierra cinco nichos interesantes desde el punto de vista comercial: a) La utilización del gas metano para la obtención de electricidad; b) El compostaje derivado de los barros orgánicos; c) La separación de metales ferrosos; d) El reciclado de los residuos inorgánicos y finalmente, e) La obtención de bonos de carbono, según lo dispuesto por el Tratado de Kioto, Japón.
Inviron no cuenta con el dinero para la inversión, es decir el mismo no integra su capital. Por el contrario, recurrirá a un crédito internacional de 206 millones de dólares para poder desarrollar el proyecto; la garantía acaba por ser la adjudicación del tratamiento de residuos formulada de manera inconsulta por Crese.
En el mundo se estima que para que una planta de tratamiento de residuos como la propuesta sea rentable, se deben procesar de 2200 a 2500 toneladas por día; Córdoba se halla lejos de esa cifra ya que cuenta aproximadamente con 65 camiones que efectúan dos recorridos diarios, cada uno con una carga máxima de 10 toneladas, lo que arroja como resultado un total de 1300 toneladas diarias.
Cabe entonces preguntarse, ¿Si no se alcanza el mínimo previsto y no hay rentabilidad, quiénes y como se cubrirá dicho déficit?
Hay tres opciones: 1) Se crea una tasa que solventarán los vecinos; 2) Se subsidia desde el municipio y 3) Se emplean ambas alternativas.
El problema patrimonial acaba por ser siempre de los vecinos.
En el plano, más grave aún, de las consecuencias dañosas para las personas y su ecosistema, el diagnóstico es alarmante.
La figura del enterramiento cero es una gran falacia. La combustión de la basura procesada genera un residual de un 25 a un 30 % aproximadamente, en forma de ceniza, con una fuerte emisión de dioxinas y furanos.
Llama poderosamente la atención que esta empresa se haya visto beneficiada en ciudades donde el gobierno municipal tiene un marcado y declarado sesgo kirchnerista.
En Córdoba, Crese cuenta con las facultades estatutarias para llamar a licitación y adjudicar, sin participación ni control del Concejo Deliberante, un error que deberá modificarse con la urgencia que el tema amerita; pero el intendente en virtud de lo dispuesto en el artículo 28, inciso 2 de la Carta Orgánica Municipal, está facultado a crear órganos de control municipal y prever la realización de audiencias públicas.
El problema radica entonces no en cambiar el lugar, sino en detener la marcha inconsulta de un proyecto de tratamiento de residuos que compromete la salud y las finanzas de los vecinos de Córdoba para la próxima década.
Detenerse y escuchar parece ser la receta adecuada.
Saludos.
Saludos.
Mario Rey
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